Sánchez destina fondos a «derechos sexuales» en otros países mientras niega ayudas fiscales al transporte

El Gobierno se niega a bajar el impuesto de hidrocarburos para ayudar a los camioneros. Igualmente se niega a una reducción generalizada de los impuestos destinada a todos los consumidores que soportan el encarecimiento de la energía. Pero el PSOE, por lo visto, sí tiene margen. De hecho, acaba de registrar una petición en el Congreso de los Diputados para determinar una partida específica de dinero que se destine cada año a la defensa de los “derechos sexuales” en terceros países ayudados por España dentro del programa de cooperación internacional.

El Grupo Parlamentario Socialista registró el viernes pasado -el mismo día que negaba más ayuda a los transportistas de la Plataforma- una proposición no de ley “relativa al impulso de los derechos sexuales y reproductivos en contexto de acción humanitaria de la Cooperación Española”. El texto pretende determinar partidas de dinero específicas con este fin y debatirlas en la Comisión de Cooperación Internacional. Todo ello, mientras el Gobierno asegura que no hay margen para una rebaja de impuestos que ayude a todos los españoles a soportar el encarecimiento de la energía y de los precios de todo el resto de bienes y servicios.

El texto de los socialistas señala que ya “en 1994, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPO) reconoció por primera vez la importancia de los servicios de salud sexual y reproductiva para las personas afectadas por las crisis humanitarias, en particular las mujeres y las niñas, y de su protección contra la violencia sexual y de género (VSG)”. Y que “en las últimas dos décadas, las iniciativas a nivel nacional e internacional han contribuido a mejorar la disponibilidad y accesibilidad de la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) entre las poblaciones afectadas por conflictos y desastres en todo el mundo”.

Pero el PSOE considera que no es suficiente: «Sin embargo, a pesar de los avances notables, los servicios de SDSR en entornos en vías de desarrollo siguen siendo muy necesarios” porque “vivimos en una época en la que las crisis están provocando el mayor desplazamiento de personas desde la Segunda Guerra Mundial: más de mil millones de personas viven en países afectados por crisis humanitarias de largo recorrido. Y estos países son precisamente el hogar de más de la mitad de la población que vive en la pobreza en todo el mundo”.

«Impacto agravado por la pandemia»

El mismo partido que negó igualmente ayuda a las empresas durante la pandemia se acuerda ahora del “impacto global de la pandemia de Covid-19”, que “ha agravado la situación de las personas que sobreviven en escenarios de crisis humanitarias existentes y emergentes. El número de mujeres y niñas en riesgo crítico va a seguir aumentando en la medida en que las situaciones humanitarias se deterioren: la pandemia está teniendo un efecto devastador en mujeres y niñas que se enfrentan al riesgo de la violencia de género, además de provocar una reducción en los recursos dedicados a métodos anticonceptivos y abortos seguros”.Y, por todo ello, considera que hay que crear unas partidas de gasto específicas para financiar los “derechos sexuales”.

El PSOE define esa partida de gasto: “Por servicios de salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis entendemos el acceso a partos y a cuidados materno-infantiles seguros, así como el acceso a métodos anticonceptivos para evitar embarazos no planificados, abortos inseguros y enfermedades que podrían poner en peligro la vida de las mujeres y de sus familias (según el Fondo de Población de Naciones Unidas, en situaciones de crisis, existe la probabilidad de que una de cada cinco mujeres en edad fértil esté embarazada)” porque “en estos contextos, aumenta la vulnerabilidad de las mujeres y niñas de ser objeto de violencia sexual y de género (abuso sexual, violación -de niñas y niños-, violencia de pareja, acoso sexual, tráfico de mujeres y niñas y mutilación genital femenina [MGF]). Por ello, es importante trabajar también sobre la prevención, detección y gestión de estas violencias”.

“Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista” pide a su propio Gobierno que, “en el marco de la cooperación internacional al desarrollo”, promueva “todas las acciones necesarias para garantizar la atención de la salud sexual y reproductiva a las mujeres en contextos de emergencia y crisis humanitarias”. Y, evidentemente, eso conlleva su correspondiente partida de gasto para “todas las acciones necesarias”.